lunes, 19 de octubre de 2009

Distintas leyes, las mismas sospechas


Tres casos que muestran el papel del Poder Ejecutivo

El tratamiento y la posterior aprobación de La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley Banelco y la de Privatización de Gas del Estado se tranformaron en ejemplos claros del modus operando de la política nacional.

Por Clarisa D'Angelo

Hechos separados por períodos de años. Hechos que supieron ser, en su momento, generadores de un debate donde los diferentes actores políticos y la gente como sociedad activa cruzaron sus posturas y marcaron a fuego el destino del país. Hechos que se reflejaron, quizá como coincidencia principal, en el mismo escenario: el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Fue bajo el ala de estas dos fuertes figuras, que supieron mover las piezas por el envión del oportunismo y el sabor de los beneficios, donde tuvieron lugar la promulgación de tres leyes, entre tantas otras, que estuvieron desde comienzo a fin en el boca a boca de la gente: La ley de Privatización del gas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley Banelco.
El parlamento en estas tres ocasiones se convirtió en el receptor de disputa entre oficialismo y oposición. Donde le circunscribieron adelantamientos de los plazos para tratar las leyes, coimas, votos bajo presión y los choques de intereses más grandes y diversos.
La ley del DIPUTRUCHO. 1991 se convirtió en el año elegido por el entonces presidente de la Nación y su ministro de economía, Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo, para darle forma al proyecto de Ley de Privatización del Gas. Esta iniciativa tenía como ejes principales, proteger los derechos de los consumidores, incentivar el uso racional de el gas natural y la creación del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS), encargado de controlar el precio de las tarifas.
El 26 de marzo de 1992 , se convirtió en el día de mayor tensión entre radicales y peronistas en el marco de este proceso privatizador, cuando el oficialismo, cristalizado en el Partido Justicialista (PJ), aprobó en la Cámara baja la ley de Privatización de Gas del Estado dando a luz un nuevo personaje: El diputrucho.
En plena discusión por la aprobación del proyecto y sin la presencia de los radicales, al mando de Fernando de la Rúa, en el recinto el oficialismo buscaba alcanzar el quórum para iniciar la sesión. Lo logró cuando el tablero marcó 130 presentes ( en la actualidad se necesita uno menos) con la “ayuda” de un desconocido, un diputrucho que con su presencia redondeó el número anhelado.
Juan Kenan, asesor del peronista Julio Samid, se convirtió por ese entonces en el nombre que más buscado. El hombre que confesó no ser legislador, no fue el único en ocupar una banca que no le correspondía, cinco diputruchos más, cumplieron con la misma tarea: destrabar la sesión y permitir que el Poder Ejecutivo privatice Gas del Estado.
Ante la aparición de los diputruchos, los legisladores optaron por radicar una denuncia ante el juzgado precedido por Néstor Biondi y la oposición impulsó la creación de una comisión parlamentaria para investigar lo ocurrido. Nunca hubo sanciones para nadie.
Ley Banelco: El meticuloso trabajo de la coima. La breve gestión del presidente Fernando de la Rúa, no tuvo intención de escapar a los pormenores sufridos en el Congreso. El 26 de abril de 2000 con la sanción de la Ley de reforma Laboral, también conocida como ley flamarique o Banelco se disparó una catarata de denuncias por presuntos pagos de sobornos para lograr su aprobación.
El proyecto impulsado bajo el ala del ministro de economía, Alberto Flamarique se gestó bajo tres hilos conductores: Debilitar el poder de las organizaciones sindicales, extender el período de prueba de los trabajadores a tres meses y finalizar con la renovación indefinida de los convenios.
El gobierno tenía su contracara en la Confederación General del Trabajo (CGT). El entonces dirigente camionero y actual secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se convirtió en el primero en disparar contra el clan de Fernando de la Rúa. “Había usado la Banelco para coimear a los senadores y obtener su voto a favor de la ley” se escuchaba decir por ese entonces al líder camionero, sin que le temblara la voz.
En 2003, con mucho agua corrida bajo el puente, todas las miradas apuntaron a Mario Pontaquarto al confesar que había recibido y entregado las coimas- 5 millones de dólares otorgados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Fernando Santibañes- y detallar la relación del presidente de la Rúa con dichos sobornos.
En 2007 el caso fue llevado a la justicia. En la causa están procesados y embargados por supuesto “cohecho activo” Flamarique, Santibañes y Pontaquarto. Los ex senadores Remo Constanzo, Alberto Tell mientras que Ricardo Branda y Augusto Alasino están procesados por “cohecho pasivo”.
El 25 de febrero de 2000 llegó el turno para el ex presidente Fernando de la Rúa. Fue procesado bajo la carátula de cohecho agravado, acusación que este año lo dejó a un paso del juicio oral ante la confirmación de la Cámara Federal de su procesamiento.
Ley de Medios, el apuro por derribar lo pasado. La carrera que tenía como línea de llegada la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual(SCA) comenzó el 28 de agosto y bajó su banderín el pasado 10 de octubre cuando fue aprobada con 44 votos positivos y 24 en contra.
Un oficialismo con Cristina Fernández a la cabeza más decidida y visceral que nunca, con hambre de logros y con la idea clara y concreta de derribar la ley de medios que estaba en vigencia desde la dictadura, peleaba fervientemente y sin dar tregua con la oposición conformada por La unión Cívica Radical, Unión PRO, el Partido Justicialista disidente y el cobismo que se encargó, en todo momento, de cuestionar y resaltar cada punto de los 160 artículos que conformaban el nuevo proyecto.
Terminar con los monopolios, que abrió un nuevo capítulo y aumentó la brecha entre el Grupo Clarín y el gobierno, más participación de la sociedad civil, regulación en el otorgamiento de las licencias y mayor presencia de contenidos nacionales, son algunos de los puntos claves de esta nueva ley sancionada que no incluyó modificación alguna.
La disputa entre oposición y oficialismo no termina con la aprobación del proyecto de Ley de medios. La Autoridad de Aplicación, creada en lugar del COMFER, y el nombramiento de sus integrantes también genera enfrenamiento. La contracara del gobierno manifestó que darán a conocer los miembros que los representarán después del 10 de diciembre con la nueva conformación del Congreso, lo que generó la ira de el Jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi y toda su tropa de aliados.
Una vez más y ya transformado en algo clásico a la hora de hablar sobre el tratamiento de las leyes, se hicieron presentes denuncias por irregularidades por no respetar los plazos para sancionar la ley, acusaciones sobre presuntas presiones a la hora de emitir el voto como fue el caso de la Senadora de Corrientes, María Dora Sánchez y una insólita fe de erratas sobre dos artículos que todavía no tiene una explicación clara.
Coimas, sobornos, irregularidades se trasformaron en el motor de la acción política del siglo XXI. Se fueron perpetuando a lo largo de los 25 años desde la vuelta de la democracia en el Congreso, dando origen a una estampa que caracteriza, en la mayoría de los casos, el modus operando de todos los gobiernos que rigen su poder en la Argentina, el país del voto a conveniencia y no a conciencia.

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