CADENA DE SOBORNOS

Política y Justicia

Tres de los casos más emblemáticos en materia de corrupción en Argentina como es Skanska, la Ley Flamarique y la venta de armas a Croacia y Ecuador demuestran la falta de límites y las carencias del Poder Judicial.

Por Clarisa D'Angelo

La historia política de la Argentina está marcada a fuego por el accionar indebido de los representantes del país, los negocios turbios, la irregularidades y la violación de todo tipo de normas. El fantastama del soborno y su fiel amigo la corrupción están presentes en todo momento, sin discriminar gobiernos ni gobernantes.
El papel del Poder Judicial se ubica en el centro de atención y se transforma en el protagonista de los casos más aberrantes y sin límites. Sacar a la luz las cosas que, de forma meticulosa, algunos intentan tapar, destrabar operaciones fraudulentas y desmantelar asociaciones ilícitas forman parte de la agitada agenda de la justicia, que muchas veces, lejos de ubicarse por encima de la situación termina siendo arrasada por la fuerza de los hechos y la debilidad de sus representantes.
Casos como el de la multinacional sueca Skanska, la venta de armas a Croacia y Ecuador y la Ley Flamarique, se convirtieron en el reflejo cabal de una interminable cadena de coimas, que demuestran, una vez más, los viejos vicios de los gobernantes.
El arma que no has de vender. La gestión turbia y criticada de Carlos Saúl Menem (1989-1999) tuvo su valor agregado. La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, dos países que se encontraban en conflictos bélicos, se convirtió en uno de los casos de corrupción mas relevantes de su gobierno.
La situación salió a la luz en 1995 cuando se dio a conocer el destino de armas Argentinas, creadas por Fabricaciones Militares, que en los decretos presidenciales firmados por Menem tenían como receptores a Panamá(que no tiene un ejército) y Venezuela, habían tomado otro camino y llegado a manos de dos país que estaban en guerra sobre los que pesaban restricciones para la venta de armas: Croacia y Ecuador.
La venta a Ecuador tuvo lugar en el marco de un fuerte conflicto que dicho país mantenía con Perú. Uno de los motivos principales que marca la irregularidad del gobierno menemista es que la Argentina era oficialmente garante De Paz de ambos países, incumpliendo con su compromiso internacional. A su vez la llegada de armamento argentino a Croacia fue ilegal ya que por ese entonces las Naciones Unidas aplicaban un embargo a las naciones de la ex Yugoslavia.
La causa judicial se abrió en 1995 a raíz de la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. Luego de varios, en 2001, tras la confesión del ex interventor de Fabricaciones Militares, el juez Jorge Urso procesó y envió a prisión domiciliaria a Carlos Menem, condena que cumplió durante 6 meses y de la que fue absuelto gracias a un polémico fallo con el que recuperó la libertad. Sin embargo en 2007 fue nuevamente procesado esta vez por el juez Rafael Caputo, quien le prohibió la salida del país y le embargó los bienes al Riojano.
En la causa también están involucrados el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el ex ministro de Defensa Oscar Camillón, el traficante de armas Diego Palleros y el ex brigadier de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
Cadena de Favores: Skanska. En 2005 un concurso privado de precios generado desde el Ministerio de Planificación asignó a la multinacional sueca Skasnka para la creación de obras en el gasoducto en el Norte y Sur del país, se trasformó en el comienzo de uno de los hechos de corrupción y sobornos más complejos, manchando con sus efectos al gobierno de Néstor Kirchner.
Coimas ocultas bajo el ala de empresas fantasmas a las que Skanska abría pagado durante dos años facturas, pedidos de investigación de funcionarios del gobierno, como el secretario de Obras Públicas, José López, y el director de Energas, Fulvio Madaro y el Ministro de Planificación, Julio de Vido, y la precensia fundamental de los fondos de fideicomiso que servirían para financiar las obras son algunos de los condimentos fundamentales del caso Skanska.
La investigación del juez Javier López Biscayart y la aparición de grabaciones de la auditoria interna de la multinacional sueca, se transformaron en el motor de los despidos del titular de Energas, Fulvio Madaro y el gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa y pusieron en el ojo de la tormenta la premisa que tanto intento correr del lugar Kirchner “no hay un solo elemento que vincule a funcionarios del Gobierno Nacional”.
Ley Flamarique, el soborno de la flexibilización. Una vez más el accionar del Jefe de Estado en tela de juicio, una vez más la sombra de la corrupción y los efectos de una gestión políticamente incorrecta y vacía de contenido. La presidencia de Fernando de la Rúa, en 2000 lejos de lograr estabilidad después de diez años de menemismo sacudió el tablero con una jugada que puso en jaque la ambición y la inoperancia para manejar el país, a raíz de el tratamiento del proyecto de la Ley Flamarique donde quedaron sobre el tapete una serie de coimas con las que se sobornó el voto de un grupo de legisladores.
El Secretario Parlamentario, Mario Pontaquarto, confesó haber sido testigo de reuniones entre Fernando de la Rúa y Fernando Santibañes, Director de la SIDE lugar donde presuntamente salieron los 5 millones de dólares, y haber llevado esa suma de dinero destinado a las coimas.
Ante la situación irremontable, el vicepresidente de la nación, por ese entonces, Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su cargo, mientras que Santibañes, Flamarique, Pontaquarto fueron procesados por presunto cohecho y esperan el juicio oral al que también se sumó el ex presidente Fernando de la Rúa.
El peso de la ley con toda sus vertientes y la responsabilidad de la justicia, son fundamentales para recobrar algo que, a esta altura parece imposible: la conciencia, la dignidad y la ética de los gobernantes que son elegidos por el pueblo para representar las buenas acciones y no los hechos cargados de corrupción y negligencia con los que derribaron la confianza de una sociedad enferma de escepticismo.